Los evidentes cambios que, en diferentes territorios y culturas, se están produciendo en relación con las estrategias y políticas de manejo del cannabis, se fundamentan sobre todo en:

El obvio fracaso que, de cara a los objetivos declarados, están teniendo las políticas prohibicionistas. El argumento de que, sin estas políticas la situación sería aún peor y que de lo que se trata es de reforzarlas, es un sofisma y una simpleza inaceptables.

Los efectos perversos de todo tipo que las políticas prohibicionistas condicionan: desde la marginación de las personas consumidoras y el ocultamiento de problemas hasta situaciones de violencia, disfunciones económicas, corrupción, etc. Es evidente que una nueva regulación (solo del cannabis) no va a solucionar todos los problemas relacionados con las drogas, aunque puede ser un gran acicate para que desparezcan bastantes efectos secundarios producidos por la actual política prohibicionista.

La tendencia lógica de las sociedades abiertas y las culturas que se asientan en modelos democráticos y de derecho a avanzar en un proceso de reequilibrio entre salud y seguridad, y derechos y libertades, en un horizonte de progresiva autorresponsabilización.

Esta tendencia al cambio de políticas no es algo a lo que España sea ajena. También en nuestro medio las voces que piden la evolución estratégica son cada vez más numerosas y fundamentadas. Además, esa posibilidad de cambio viene subrayada por determinadas circunstancias concretas:

La ya larga convivencia de la sociedad española con el cannabis, que ha permitido avanzar en el dimensionamiento objetivo de sus riesgos y funcionalidades.

El subsiguiente cambio en la representación social, que ha condicionado un proceso de normalización en la percepción que el conjunto de la población tiene sobre el cannabis, su consumo y sus riesgos.

La presencia desde hace años de un potente movimiento asociativo que, con sus luces y sombras, ha contribuido de forma clara al proceso de objetivación y normalización.

El hecho de que, por todo lo anterior, en este momento sea mayoritaria la demanda social de cambios políticos y estratégicos en relación con el cannabis. Las voces que infravaloran esas posturas por entender que son producto de una manipulación “publicitaria”, por un lado olvidan que podría pensarse que la presión ha ido más bien en sentido contrario y, sobre todo, desprecian la capacidad de una sociedad de cambiar sus pensamientos y posturas en contacto con una determinada experiencia de realidad.

Estas son las razones que han llevado al Grupo de Estudios de Políticas sobre el Cannabis (GEPCA) a plantear un modelo concreto de regulación de la producción y consumo de ese producto. El GEPCA, plantea su propuesta de modelo de regulación a partir de las circunstancias señaladas, y de diferentes principios:

Si el mercado y consumo de cannabis puede y debe ser regulado no es porque no presente riesgos sino, precisamente, porque los presenta.

En esa regulación, frente a la tendencia a la prohibición radical y la penalización, existen muy diversas y graduales medidas posibles: la educación, la disuasión, el control social y ritual, el control fiscal, el control y la coerción de carácter administrativo; incluso la sanción penal de determinadas conductas.

En la regulación es preciso tratar de conciliar la defensa de los derechos y libertades de las personas consumidoras potenciales con la protección de la seguridad colectiva y, ante todo, de los grupos más vulnerables.

El modelo no puede partir de un “vacío histórico”. Venimos de una situación que ha condicionado las opiniones, las actitudes, los tópicos, las demandas y el miedo sociales. Y eso no puede no ser tenido en cuenta; una regulación normativa no puede dar la espalda a esa realidad. Aunque se pretende que el estatus del cannabis sea similar al del alcohol o el tabaco, la regulación de su mercado no puede ser idéntica porque las trayectorias históricas, y por tanto la imagen y la percepción de los productos, son muy diferentes.